La naturaleza cercada

Manuel Trujillo Carmona. Presidente de la Plataforma A Desalambrar

Desde hace unos años existe una tendencia creciente al disfrute de nuestra naturaleza, lo que lleva a una explosión de la afición a actividades como el senderismo o la bicicleta de montaña. Estas actividades tienen una limitación: la mayor parte del terreno forestal de Andalucía es privado ...

, siendo la superficie de monte público solo del 28%. Esta situación es mucho más acusada en las provincias de Córdoba y Sevilla, donde esta superficie solo alcanza al 7,8% y el 9,6% respectivamente. A esto se une que en estas provincias, y en general en toda Sierra Morena y montes de características similares se viene dando una tendencia cada vez mayor de cierre con alambradas de las fincas privadas, lo que imposibilita totalmente el tránsito por ellas.

Por tanto, el único medio por donde se puede desarrollar estas aficiones es por los caminos públicos, de ahí la atención cada vez mayor que se está prestando a estos caminos que habían sido denostados como una reliquia frente a las modernas carreteras.

El problema es que el citado cierre de las fincas particulares, la mayoría de las veces derivado de la implantación de cotos de caza, muy frecuentemente no repara en la existencia de caminos que las atraviesan, bien por desconocimiento, o las más de las veces por confianza en que no se les va a reclamar, y estos caminos son vallados también, impidiendo su disfrute y reduciendo el patrimonio público viario hasta en algunos lugares hacerlo prácticamente desaparecer.

Habría que distinguir dos tipos principales de caminos públicos, aunque hay más: las vías pecuarias y los caminos públicos municipales.

Las vías pecuarias: antiguos caminos para el ganado

Las vías pecuarias son los antiguos caminos que utilizaban los rebaños de ganado, protegidos por la corona desde la edad media, y que estaban a cargo del Concejo de la Mesta. Con el paso del tiempo, estas vías pecuarias se usan cada vez menos para el fin por el que se desarrollaron, pero en  1995 se aprueba la Ley de Vías Pecuarias, que consagra estos antiguos caminos como dominio público a cargo de las comunidades autónomas y con unos usos complementarios para el senderismo o ciclismo, entre otros. También establece cuales son los procedimientos administrativos para su reconocimiento: la clasificación (la declaración de existencia de una vía pecuaria) y su deslinde (la delimitación exacta del trazado de la misma), entre otros.

Aquí aparece el problema, porque si bien en casi toda Andalucía se dispone de clasificaciones de vías pecuarias, realizadas en los años 50 y 60, sumando más de 30.000 km de longitud, en cambio la mayoría de ellas no están deslindadas, es decir, no hay constancia legal de por donde transcurre el camino, ya que además habitualmente las clasificaciones contienen unas descripciones poco detalladas.

En el año 2.006 se aprobó el Plan Andaluz de Recuperación de Vías Pecuarias, que tenía como horizonte el deslinde de todas las vías pecuarias para el año 2.015. Sin embargo, estos objetivos no se están cumpliendo, por dos motivos: en primer lugar, gran parte de los procedimientos de deslinde han  tenido fallos en su ejecución, lo que al contar con la oposición sistemática de los propietarios de fincas defendidos por ASAJA han hecho que muchos de ellos hayan tenido que anularse o repetirse. Pese a ello, hasta el año 2.010 se llevaba un ritmo sostenido de deslinde, que sin embargo a partir de ese año prácticamente de ha paralizado. Con ello, la longitud de vías pecuarias deslindadas en la actualidad es de poco más de 8.000 km., representando solo un 26% de la longitud de vías pecuarias clasificadas.

Gran parte de las vías pecuarias que no están deslindadas siguen cerradas por propietarios de fincas sin que la Junta de Andalucía haga nada para evitarlo, habiendo peticiones de deslinde de algunas desde hace varios años, incluso más de diez. Y es más, muchas de las vías pecuarias deslindadas también siguen cerradas, ya que los propietarios tienen interpuestos recursos administrativos a los deslindes, y la Junta de Andalucía no se atreve a abrirlas en esas circunstancias.

Caminos públicos municipales, la herencia de nuestros abuelos

Si mal está la situación en las vías pecuarias peor está en el caso de los caminos municipales. Éstos son los caminos que comunicaban pueblos, aldeas, fuentes, ermitas, caseríos,… en fin, antiguamente, antes del uso del automóvil, la red de caminos era mucho más densa que ahora, ya que al recorrerse a pie o a lomos de animales no era práctico dar rodeos, además de que la sociedad era mucho más rural que ahora. La nomenclatura es variada: caminos vecinales, caminos de herradura, caminos carreteros…

 Algunos de estos camino pasaron a ser carreteras, dependiendo de Diputaciones u otras administraciones. Pero aquellos que se quedaron en caminos, pasaron a depender de los ayuntamientos.

Estos caminos están definidos como bien de dominio público, al igual que las vías pecuarias, y al igual que cualquier bien los ayuntamientos están obligados legalmente a tenerlos inventariados y registrados. Sin embargo la mayoría de los ayuntamientos no ha realizado este inventario de caminos públicos, y por tanto ni siquiera tiene un registro legal de qué caminos tiene en su término. Menos aún son los que tienen este registro plenamente detallado con cada camino deslindado e incluso estos tienen muchos de sus caminos públicos cerrados.

Si antes hablábamos de la dificultad en el procedimiento de deslinde de las vías pecuarias, en este caso la dificultad es la misma, solo que la administración que tiene que ejecutarlo es más débil, ocurriendo muchas veces que el propietario que ocupa un camino tiene más recursos que el propio ayuntamiento, y además posee capacidad de realizar chantajes al ayuntamiento, amenazándole con perjudicar a los vecinos que tenga contratados.

Todo ello lleva a que la cantidad de caminos cerrados sea inmensa, en zonas como Sierra Morena se puede estimar que por encima del 75% de los caminos públicos municipales se encuentra cerrado al tránsito por particulares, y por tanto imposible de recorrer. En los pocos casos en que los ayuntamientos se animan a recuperar estos caminos, los trámites se eterniza por los recursos de los propietarios, llegando a litigios de más de 10 años, y a menudo mientras tanto el camino sigue cerrado.

La reacción ciudadana

Ante esta situación de pasividad institucional y lentitud burocrática ciclistas, senderistas y usuarios particulares de los caminos se desesperan ante los cierres interminables. Finalmente deciden organizarse y se vienen realizando acciones reivindicativas. Sus acciones son de vigilancia y participación en los procedimientos administrativos y judiciales, y sobre todo en la calle, realizando numerosas acciones reivindicativas, que en muchos casos se encuentran con la mano dura de la Guardia Civil y de los juzgados que no entienden más legitimidad que la que da una cancela cerrada, y obligan por la fuerza o por la acción judicial a retirarse a los que quieren usar los caminos cerrados. Reacción que en alguna ocasión, como en el pueblo de Posadas, ha acabado en duros enfrentamientos entre vecinos y Guardia Civil y con personas en los tribunales.

Por ejemplo en Córdoba la Plataforma A Desalambrar surge en el año 2.001 y realiza una marcha reivindicativa mensual, pidiendo la aprobación del inventario de caminos municipal y la apertura de los caminos públicos y vías pecuarias cerrados. Tras 13 años de historia, todavía no se ha aprobado el inventario de caminos, y el ayuntamiento ha sido incapaz de abrir un solo camino, aunque sí se han abierto algunas vías pecuarias.

En Sevilla varios grupos de senderismo, entre ellos Amigos de los Caminos, Elbruz y Batolito, y algunos grupos de Ecologistas en Acción realizan acciones en caminos y veredas de la provincia, reuniendo a cientos de personas en algunas de ellas, a la vez que llevan la conciencia del problema a algunos municipios como Castillo de las Guardas o los de la Sierra Norte.

En Ronda, Cádiz, o la Sierra Sur de Jaén distintos grupos se van organizando para protestar por este patrimonio que se pierde, y que además de un derecho ciudadano es también una oportunidad para el desarrollo turístico.

Finalmente, desde el año 2.007 todos estos grupos junto con otros del resto de España se reúnen en la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos, que realiza una jornada anual sobre el tema, poniendo en común sus conocimientos, y realizan acciones de forma conjunta.

La solución final vendría de la realización de cambios legislativos que antepusieran, ante la menor duda, el tránsito público al derecho de cierre de las fincas. Mientras tanto, la Junta de Andalucía debería poner los medios, al igual que hizo la de Extremadura, para que los ayuntamientos tengan sus caminos inventariados, combinando alicientes y sanciones, y debería reactivar los deslindes de vías pecuarias, priorizándolos según las demandas de la ciudadanía y las administraciones locales.