Cierre de caminos públicos

María José Esteso Poves, periodista, miembro del colectivo editor del periódico Diagonal. Revista El Ecologista nº 81.

Los terratenientes se apropian de este patrimonio común con una gran impunidad.

Los caminos públicos están siendo expoliados. Los nuevos terratenientes han trasladado su dinero a los pueblos y se han hecho con grandes extensiones de terreno para convertirlos en cotos de caza. Cierran el campo con alambradas y también los caminos públicos, patrimonio de todos.

 

“Aquello es una república independiente. Han vallado 1.000 hectáreas de monte y solo entra la Guardia Civil y los amigos del dueño. Nos han cerrado siete caminos públicos y la Cañada Real de Malafatón (o de Los Serranos), que une las ciudades de Alicante y Burgos”, explica Pedro Antonio Serrano, presidente de la asociación Amigos del Camino de Santiago de Albacete. Serrano se refiere a la finca Malafatón, entre los municipios albaceteños de Alpera y Alatoz. Los terrenos fueron adquiridos por una promotora de Alicante que los vendió a otra empresa propiedad de una conocida firma de calzado.

 

“Además, han construido un hotelito encima de la cañada real, aunque pidieron permiso para un cuarto de aperos. Hemos hecho marchas reivindicativas y denunciamos, pero el juez absolvió a los propietarios. Los caminos siguen cerrados”. Los vecinos aseguran que por allí ha ido a cazar Santiago López Valdivieso, cuando era director de la Guardia Civil, con Aznar. Pero la Cañada Real de Malafatón está cerrada también a tres kilómetros de ese coto, en una finca pública adquirida por la Junta de Castilla-La Mancha y cerrada al paso. Solo acceden autoridades y particulares con permiso para cazar.

A pocos kilómetros, en el Parque Natural de las Hoces del Cabriel, entre las provincias de Cuenca y Valencia, se ha cerrado el camino de acceso al parque [1]. La dueña de la finca que echó el cierre hace casi dos años asegura que la Junta de Castilla-La Mancha dejó de pagarle la cuantía por no poder cazar. Pero a la vez, la Junta autorizó un coto de caza en los terrenos de esta propietaria, dentro del Parque. Los vecinos de Minglanilla (Cuenca) y organizaciones ecologistas se han manifestado para la apertura de las Hoces del Cabriel e incluso abrieron la puerta que cierra el acceso al Parque Natural durante una marcha reivindicativa, pero el camino está de nuevo cortado. Según miembros de Ecologistas en Acción existen intereses en mantener el coto de caza donde ya se han llevado a cabo varias monterías a las que van conocidos políticos autonómicos. Por su parte, el Ayuntamiento de Minglanilla (PP), aunque tarde, ha reaccionado, y en el pleno del pasado 28 de abril aprobó abrir un expediente para la recuperación de oficio del camino. Notificado dicho acuerdo, el alcalde podría abrir el camino en un breve plazo de tiempo.

Más cortes de caminos

Muy cerca de Minglanilla, se encuentra el municipio de La Pesquera, donde son 12 los caminos públicos cerrados. Su alcaldesa, María Carmen García, ha emprendido la defensa de este patrimonio. “Igual que la sanidad o la educación pública, también tenemos que defender nuestros caminos”. Explica que han sido los cazadores del pueblo los que han dado la voz de alarma. “Han llegado unos señores de fuera que comprado tierras para formar grandes cotos y han cerrado los caminos que pasan por ellos con cadenas e incluso zanjas. Lo curioso es que somos nosotros los que tenemos que demostrar que esos caminos son públicos”. Un vecino del municipio declara que “esta gente se cree que porque tengan dinero y abogado pueden hacer lo que quieran”. La alcaldesa de La Pesquera ya ha inventariado los caminos públicos y los ha aprobado en el pleno, primer paso para su defensa en los tribunales. Mientras, los usurpadores mantienen un pleito con el consistorio para tratar de quedarse con los caminos públicos que cruzan por sus cotos.

También en Cuenca, Santiago Mirasol, activista de Asecma-Ecologistas en Acción de Las Pedroñeras (7.000 habitantes) lleva años defendiendo los caminos de su pueblo. El propietario de la inmobiliaria Reyal Urbis, Rafael Santamaría, compró en 2006 una gran extensión de tierras cerca del río Záncara [2] para crear un coto de caza, La Veguilla, con 3.000 hectáreas, y propuso al Ayuntamiento hacerse cargo de la deuda municipal, casi dos millones de euros, a condición de quedarse con los 17 caminos públicos de su finca. La alcaldesa socialista dio el visto bueno, pero gracias a la perseverancia de Mirasol y unos pocos vecinos más se ha conseguido parar el cierre. Llevaron a cabo una recogida de firmas, marchas, alegaciones... y con el cambio de Gobierno municipal se revocó el acuerdo con el terrateniente. Al mismo tiempo, Mirasol y su compañera señalizaron uno de los caminos que se iban a cerrar. “Con un sistema de crowdfunding entre amigos, familia y conocidos para que apadrinaran una baliza con su nombre, por 30 euros. Así hemos señalizado y cartografiado el recorrido de la romería del pueblo, el Camino de la Virgen de La Cuesta, ahora el PR-CU 75, es una forma de homenajear a estos caminos que se iban a cerrar”, dice Mirasol.

“Inalienables, imprescriptibles e inembargables”

Aunque la Constitución reconoce el derecho a la libre circulación (Art. 19) y al disfrute del medio ambiente (Art. 45), los senderistas, ciclistas y amantes de la naturaleza tienen cada vez más difícil transitar por el campo. Lo mismo ocurre con las vías pecuarias (cañadas, cordeles, sendas, veredas, coladas...), riberas de los ríos y accesos a la costa.

Además, el artículo 132 de la Constitución, la Ley de Régimen Local y Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas señalan que los caminos son “inalienables, imprescriptibles e inembargables”. Pero en Valdepeñas, Ciudad Real, el equipo de Gobierno (PSOE) ha vendido a un terrateniente 13 caminos públicos que cruzan su coto de caza. Esos caminos comunican con otros pueblos vecinos. Vicente Luchena, coordinador de Ecologistas en Acción de Ciudad Real, se pregunta qué más puede pasar si “ya se han puesto puertas al campo”. En esta provincia lo saben bien, allí se encuentran los cotos de caza de banqueros, empresarios y aristócratas como el duque de Westminster [3], la mayor fortuna de Reino Unido, que tiene cortados otros 13 caminos públicos y el acceso al viaducto de un ferrocarril minero de principios del siglo XX, dentro de su coto de 15.000 hectáreas, el más grande de España, en Fuencaliente. También en ese municipio se ha dictado una orden por la que se prohíbe recorrer los caminos públicos sin permiso municipal.

En otra localidad vecina, Almodóvar del Campo, también se da el visto bueno al dueño de la finca La Cotofía para que mantenga cerrados los caminos públicos, incluido el Camino Real de la Plata. Además, la Junta de Castilla-La Mancha permite al cacique el cierre de una cueva que alberga pinturas rupestres y la Fuente del Alcornoque mencionada por Cervantes, mientras el terrateniente acosa, para conseguir cerrar toda la zona, al propietario de la Venta de La Inés [4] (siglo XVI) en la que paró Cervantes durante sus viajes.

Pero el cierre de caminos por parte de los ‘poderosos’ también es masivo en Andalucía. Allí un grupo de amantes de la naturaleza empezaron a movilizarse hace años y en 2007 se creó la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP) [5], compuesta por unas 15 asociaciones y con el apoyo de otros tantos colectivos todo el Estado español.

José Manuel Flores es el responsable de la PICP y apunta que se enfrentan al cierre de caminos, vías pecuarias y dominio público hidráulico todos los días. “Los señoritos ponen sus cancelas y nos cierran el paso. Antes los terratenientes respetaban los caminos porque les daban un servicio a sus fincas. Ahora estas fincas son cotos cinegéticos y cierran con vallas de cuatro metros de altura y por allí no pasa nadie”, Una de las marchas que ha mantenido en vilo a la Plataforma es la de la Cañada Real de los Potros, en Lugros, Granada, al norte de Sierra Nevada. El 25 de marzo de 2007, unas 300 personas, la mayoría del pueblo, con el alcalde a la cabeza, pasaron por esta vía pecuaria cerrada a cal y canto tras varias denuncias ante la Junta de Andalucía. Alguien cortó la valla y la manifestación continuó. A la salida les esperaba la Guardia Civil que identificó a seis manifestantes. Los propietarios del coto solicitaron 60.000 euros. Tras siete años, el 16 de enero pasado se celebró el juicio. Los acusados fueron condenados a pagar multas de 50 euros cada uno.

Otro caso, es el del Cordel del Pedroso, en la Sierra Norte de Sevilla, cerrado desde hace cuatro años, donde todos los años se lleva a cabo una marcha reivindicativa. Los propietarios de la finca no solo han puesto una puerta, tras ella han colocado grandes bloques de cemento. También en Cádiz, el camino del Salto del Cabrero, en el Parque Natural Sierra de Grazalema, está cerrado. El propietario de una finca por la que cruza asegura que es privado.

Pero en Córdoba la situación no es mejor. Gran parte de los caminos están cortados según el portavoz de A Desalambrar, Manolo Trujillo [6]. Apunta que el balance tras años de defensa de los caminos es positivo “por la sensibilización y movilización ciudadana que se ha conseguido, pero los caminos siguen cerrados. Llevamos trece años pidiendo que se haga el inventario de caminos de Córdoba, se acabó hace dos y todavía no ha pasado por el pleno del Ayuntamiento para su aprobación”, dice Trujillo.

Ayuntamientos responsables

Son los Ayuntamientos los responsables de registrar y regular este patrimonio a través de una ordenanza. No existe una legislación estatal de caminos y por eso las comunidades pueden legislar. De momento, Extremadura es la única Comunidad Autónoma que tiene una ley de caminos públicos y está inventariando todos, primer paso para la defensa de los mismos.

En Baleares, el Consell de Mallorca estaba catalogando sus caminos públicos hasta el año pasado, pero ahora la ha interrumpido. En las islas Baleares el cierre de caminos y accesos a playas y la costa se repite. Los activistas en defensa de los caminos esperan que algún caso siente jurisprudencia ya en los tribunales, como el del camino de Banyalbufar, cerrado por un propietario acaudalado.

Para los Camineros del Real de Manzanares [7], en la provincia de Madrid, no es solo la defensa de los caminos, sino todo lo que los rodea. Naturaleza, patrimonio, cultura... “El caminero debe mirar y valorar su entorno, para defender nuestros caminos hay que conocerlos. Por eso hacemos salidas divulgativas al campo”, dice Ricardo Roquero, portavoz de los Camineros del Real. Esta asociación ha conseguido que el Ayuntamiento de Torrelodones se implicase y abriera el Camino de El Pardillo, que une esa localidad con Las Rozas y Villanueva del Pardillo.

Los caminos también se cierran en zonas protegidas, como denuncian desde Ecologistas en Acción de Segovia [8]. Siete cotos, cerca de la N-VI han cercado todos los pasos públicos. Uno de esos cotos de caza, en Monterrubio, impide el paso por 12 caminos, dos arroyos y una vía pecuaria. Todo eso, en terrenos de la Red Natura 2000 y en área crítica del águila imperial.

Pero hay otros casos que van más allá. En el Valle de Manzanedo [9], municipio formado por 16 pueblos, en Burgos, un terrateniente, que proviene del sector de la alimentación, ha cercado dos pueblos, Fuente Humorera y Rioseco. Unas 800 hectáreas, la tercera parte del municipio. En Fuente Humorera, el terrateniente ha tumbado las casas de los vecinos y se ha construido una mansión. Dentro del vallado ha quedado también la iglesia románica del pueblo, las calles y otras infraestructuras. En Rioseco, el cacique ha instalado una granja de cabras y una fábrica de queso que vende como ecológico y por el que recibe subvenciones. En ese pueblo quedan ‘secuestradas’ también las ruinas de un antiguo monasterio.

También Villaescusa de Palositos, Guadalajara, está rodeada. Decenas de metros de vallado envuelven este pueblo deshabitado. Una empresa figura como propietaria del pueblo. Compraron terrenos y algunas casas, pero han derribado todo, incluso las viviendas que no son de su propiedad. Dentro del vallado queda la iglesia románica del siglo XVI, declarada Bien de Interés Cultural y el cementerio. La Marcha de las Flores revindica cada mes de mayo el acceso al pueblo y, sobre todo, al cementerio donde descansan los vecinos que pasearon por unas calles que ya no existen.

Ningún territorio se salva del cierre de los caminos públicos. Los nuevos ricos han encontrado un ‘nicho’ de mercado en los cotos de caza, a la espera de otra burbuja inmobiliaria, y no permiten la libre circulación por el campo. Muchos alcaldes se están movilizando e inventariando los caminos de su municipio. A falta de legislación propia, esa es la única vía, junto a la investigación sobre el origen de esos caminos, de demostrar en los tribunales que son públicos. Mientras la sociedad civil se moviliza también en las zonas rurales en defensa de los caminos públicos.