Conclusiones de las Vlll Jornadas en Defensa de los Caminos Públicos de Rascafría

 A las jornadas celebradas en el Albergue Juvenil Los Batanes en el municipio de Rascafría, Madrid, durante los días 6, 7 y 8 de diciembre, han asistido, desde diferentes comunidades autónomas, representantes de colectivos defensores del libre acceso a los caminos públicos, llegando a las siguientes conclusiones:

  • 1.- Como en anteriores Jornadas, hemos realizado una valoración de la situación general del cierre de los caminos públicos y la evaluación, salvo excepciones en algunos municipios, no sólo no se soluciona, sino que el cierre va en aumento de forma descarada por parte de los propietarios de fincas particulares.

 

Conclusiones Vlll Jornadas de Rascafría

  • 2.- En cuanto a las vías pecuarias a pesar de tener una ley específica que las ampara, en muchos casos, especialmente en Andalucía, se sigue impidiendo el paso por ellas, incluso en aquellas en las que hay una importante demanda social para su uso, como el Cordel de El Pedroso o el Salto de la Trocha en Sevilla.
  • 3.-Hacemos un llamamiento a los poderes del estado español, (político, legislativo y judicial), que los art. 19 y 45 de nuestra Constitución, derechos fundamentales que todos los ciudadanos tenemos, como es el libre tránsito por todo el territorio, por la red de caminos y el disfrute de un medio ambiente respetuoso y adecuado, están siendo vulnerados de forma escandalosa y humillante en miles de rincones de nuestro territorio, sobre todo en Andalucía y Castilla La Mancha. Sirviendo de ejemplo las dos grandes fincas de Almodovar del Campo, La Cotofía y La Garganta, con más de 28 caminos públicos cerrados.
  • 4.- Que las leyes que se crearon en su momento para garantizar el derecho de todos los ciudadanos al libre acceso a los viales públicos, entran en conflicto constante en aquellos viales que su trazado pasa por las propiedades privadas y montes públicos, debido en su inmensa mayoría al cierre de fincas privadas y públicas con cierres cinegéticos para el ejercicio del deporte de la caza, cortando todos los accesos de los caminos públicos.
  • 5.- Que los responsables, Ayuntamientos y CCAA, a las cuales se les cede las competencias de este patrimoniopúblicopara su custodia y con el deber de garantizar el libre acceso, bien por falta de medios económicos, por desidia, o en otros casos por intereses oscuros por parte de sus gestores públicos, no cumplen con este deber.
  • 6.- Que nos preocupa mucho la nueva ley que regula los Parques Nacionales, ya que tienden a un uso especulativo de los mismos, lo cual puede afectar a su conservación para las generaciones futuras y vulnera el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado.
  • 7.- Para garantizar estos derechos y proteger este patrimonio público desde la PICP, proponemos para frenar el cierre sistemático de caminos públicos:
  • A todos los partidos políticos que se presentan a las elecciones municipales el próximo año, que recojan en su programa electoral el compromiso de incluir en el Inventario de Bienes Municipal, sus caminos públicos, proceder a la recuperación de aquellos que se encuentran cerrados, y tenerlos abiertos para su uso público.Además tenerlos publicados en la Web, a lo que están obligados por la nueva Ley de Transparencia.
  • Al Congreso de los Diputados y al Senado, que deben buscar fórmulas legislativas para frenar el cierre de los caminos y garantizar los art. 19 y 45 de nuestra Constitución.  Para ello, les hacemos la propuesta: que en aquellos casos que existan indicios de la existencia de un camino público que pase por una propiedad privada, permanezca éste abierto para su libre circulación, mientras que no se produzca un fallo contrario en los Tribunales de Justicia. 
  • 8.- Por último, si persiste la dejación de funciones por parte de los Gestores Públicos, que nos garanticen acceso a los caminos públicos, lo que entendemos que no están haciendo, acudiremos a los Tribunales para denunciara estos gestores como responsables máximos de estos cierres.Procuraremos que el Poder Judicial actúe velando por los derechos de los ciudadanos, como son los mencionados art. 19 y 45, que la Constitucion Española contempla igual para todos.