Domingo 7
10:00 h. Actuaciones con afección sobre los caminos públicos. Instrumentos para combatir sus efectos indeseables desde su inicio hasta los tribunales.
Claudio Sartorius (Ecologistas en Acción de Segovia).
Perspectiva jurídica sobre caminos públicos: normas sobre reconocimiento de los valores del territorio (al margen de aspectos urbanísticos), actuaciones de la administración con afección sobre el territorio, e instrumentos con que contamos para hacer frente a esas actuaciones. Es esencial el conocimiento de la normativa, pues muchas veces se gana o se pierde por cuestiones de forma. La Ley del Suelo de 2007 (ahora en texto refundido 2008) dice que el suelo rural tiene un valor ambiental digno de ser ponderado; la administración siempre tiene que defender el interés general y si somos capaces de establecer que nuestra reclamación es de interés general tenemos mucho a nuestro favor ante los tribunales. 
Uno de los derechos ciudadanos establecidos en la Ley del Suelo es el acceso a la información sobre la ordenación del territorio, reconociéndose asimismo el derecho a la participación y el acceso a la justicia. Importancia de los caminos como corredores ecológicos, que deben ser protegidos por la administración. Convenio ecológico de Florencia, ratificado por el Estado español, dice que cada Estado se compromete a reconocer jurídicamente el paisaje como parte del entorno humano y patrimonio; revalorizar los caminos como parte del paisaje. Una de las formas de actuar de la administración es el desarrollo rural (Ley 45/2007), a través de programas en los que tienen cabida las asociaciones: por ejemplo, uno de estos programas pretende establecer una red de caminos rurales no motorizados; también programas de otras administraciones, como los del ministerio de Cultura sobre red de itinerarios culturales. En todos ellos tenemos una posibilidad de intervención. Otro aspecto es el relativo a los montes y a las vías pecuarias. Al hacer modificaciones y proyectos relativos a estos temas, la ley suele incluir siempre la necesidad de consultar a las asociaciones y colectivos implicados. Las intervenciones de la administración en materia de concentración parcelaria son también importantes, pues afectan a los caminos. Otro caballo de batalla es el uso excepcional de suelo rústico: la ley del suelo permite usos no habituales o propios del suelo rústico pero siempre que sean en interés general. Las minas también tienen unas afecciones tremendas en vías pecuarias y caminos, que acaban siendo invadidos por las concesiones mineras. Las infraestructuras lineales, carreteras, igualmente. En todas estas actuaciones podemos intervenir. ¿Qué instrumentos tenemos? Las declaraciones de impacto ambiental. La Ley de Transparencia también nos da muchas posibilidades para acceder a la documentación. Finalmente, sería interesante que las asociaciones camineras se registraran como asociaciones ambientales y de utilidad pública, para poder acceder a la justicia gratuita. En resumen, tenemos derecho a la información, a la participación y a la justicia gratuita.
Debate. Gregorio Corral plantea que en actuaciones como los deslindes es esencial el voluntariado, y ejemplifica con casos en Andalucía en que de no haber asistido representantes de asociaciones, el camino se habría deslindado por donde al dueño le interesaba y no por donde correspondía. Sartorius dice que está convencido de la gran importancia de esa presencia, no solo en los deslindes de caminos, montes, vías pecuarias, sino en cualquier tema. Juan Pérez alude a la Ley del Suelo y a los caminos como parte del territorio, que incorpora los servicios ecosistémicos en la valoración del territorio y debemos incorporar ese enfoque en nuestra acción. Sartorius considera que los planteamientos van modificándose continuamente, que el desarrollo sostenible es una falacia porque no existe, y se refiere al cambio climático, que pronto dejará caducos los actuales enfoques antropocéntricos. Manuel Trujillo plantea la conveniencia de que nos personemos de forma general en los planes urbanísticos. Sartorius coincide en que hay que intervenir, que EA Segovia lo hace en toda la provincia, e insiste en que debemos incluir la definición de “ambiental” en las asociaciones para facilitar la personación en esas actuaciones.
11:15 h. Mesa redonda: Ayuntamientos y caminos públicos. Normas urbanísticas. Competencias y responsabilidades. Dificultades de gestión. Ordenanzas municipales. Inventarios.
Moderadora Mercedes Mulero. Ponente principal Laura Díaz (abogada urbanista). Participantes: Noelia Pozas (concejala de Desarrollo Local de Guadarrama), Ana García Masedo (alcaldesa de Rascafría), y Adolfo Rodríguez (exconcejal de Los Molinos).
Laura Díaz. Comenta los aspectos más relevantes del Reglamento de Bienes de las Administraciones Locales que afectan a los caminos. La posibilidad de intervención de las asociaciones y organizaciones medioambientales. La tramitación de los procedimientos por la vía contencioso-administrativa. También el artículo 68 de la Ley de Bases de Régimen Local es importante por cuanto establece la facultad de los vecinos para intervenir en los procedimientos si hay dejación o inactividad de la administración. El ordenamiento jurídico establece el poder/deber de los ayuntamientos de defensa de los caminos y también de los propios vecinos afectados. “El derecho es el trabajo sin descanso, pero no solo de los poderes públicos sino también el de todo el pueblo”.
Ana García Masedo. Informa sobre características de Rascafría y su término municipal, así como la voluntad del municipio de preservar el patrimonio público. Problemática específica relacionada con la gran afluencia de turismo en determinadas épocas. No tienen inventario de caminos, ni apenas antecedentes en el archivo municipal. A requerimiento de particulares investigaron sobre un camino que se había venido utilizando (salida de un arenero), pero comprobaron que no existía tal camino. Municipio incluido en el plan de ordenación de Peñalara y ahora en el Parque de Sierra de Guadarrama. Vías pecuarias tuteladas e inventariadas en el parque, pero no en territorio de Rascafría. No tienen una ordenanza municipal que regule el uso de los caminos. Con un enfoque turístico, la antigua vía pecuaria se convierte en camino natural de 53 km que une seis municipios y se crea una mancomunidad que se compromete a la conservación de ese camino. Rascafría ha señalizado algunas rutas llamadas “Family” (han entregado folletos a los participantes en las jornadas).
Noelia Pozas. En Guadarrama sí tienen inventario de caminos, tienen 10 itinerarios y paseos temáticos señalizados (7 homologados). Importante itinerario de la guerra civil, con bastantes restos, bunkers, etc. Se interesan mucho por la conservación de los caminos, pues el creciente uso y la masificación están deteriorando muchas zonas, ya que no todos los usuarios son respetuosos de la naturaleza. En los últimos años el enfoque principal es el turístico.
Adolfo Rodríguez. Los Molinos (4.700 habitantes, pueblo ganadero), con una extensísima red de caminos que se ha visto afectada por la desaparición de la trashumancia; la Cañada Real Segoviana está interrumpida por el ferrocarril y por dos fincas privadas. En el pueblo hay un gran interés en el tema de los caminos y vías pecuarias y desde hace unos han formado un grupo de trabajo que está avanzando en la identificación y recuperación del inventario de caminos, que finalmente lograron obtener del ayuntamiento aunque resultó ser poco más que los datos del catastro. Estaban trabajando una ordenanza de caminos, pero el gobierno municipal aprobó una ordenanza muy superficial. Intentaron también inscribir los caminos y vías pecuarias en un catálogo de espacios protegidos, pero hace unos meses ese catálogo ha sido retirado por el gobierno municipal. Han elaborado una ordenanza antivirus para limitar la circulación de vehículos en el monte, y pronto la presentarán al ayuntamiento. Problema del uso excesivo de caballos tanto en los pastos como en los caminos, todo debido a la masificación. Problemas de intentos de la Comunidad de Madrid de vender suelo de vías pecuarias a particulares. El Parque Nacional Sierra de Guadarrama (que define como un “engendro”) afecta negativamente a la zona y al conjunto de PN de España, al influir para hacer la legislación más laxa; hay una inflación de carreras de bicicletas, descensos, etc.; para nada el PN ha beneficiado a los caminos públicos.
Debate. Ricardo Roquero agradece la presencia a los ponentes y excusa a los que estaban en el programa y no han podido asistir; insiste en la importancia de contar con una ordenanza municipal y un inventario de caminos, que incluya no solo la vía de comunicación en sí, sino todo el patrimonio histórico y cultural que contiene el camino (fuentes, ermitas, abrevaderos, etc.); se refiere a los ciclistas, que en general están menos concienciados que senderistas y caminantes en lo relativo a la conservación de los caminos y el respeto al medio natural; pregunta por el asunto de la venta del agua de Rascafría. Ana García explica con todo detalle este problema que sigue sin resolver, existiendo un conflicto entre el ayuntamiento, el Canal Isabel II, y determinados grupos de presión del pueblo.
Volviendo a los caminos, María José Esteso pregunta por qué no existe inventario de caminos en Rascafría. La alcaldesa dice que es cierto que no hay inventario, aunque no están en peligro los caminos y que la administración del Parque se ocupa de regular el acceso. Adolfo Rodríguez dice que en Los Molinos tienen un pseudo inventario de caminos, y el ayuntamiento no muestra interés en hacerlo bien. Noelia Pozas dice que en Guadarrama sí lo tienen, aunque hay caminos que se van perdiendo por vegetación, etc. y hacen lo que pueden en materia de conservación. Juan Pérez dice que es importante contar con las autoridades de la zona para conocer mejor la problemática caminera; que si no hay inventario de caminos ni intención de hacerlo, pero se conoce la existencia de un camino concreto que está en peligro, algo habría que poder hacer en ese caso. Los ponentes responden que lo más fácil es hacer el inventario o denunciar por su ausencia, pues un inventario siempre se puede completar. Laura Díaz dice que se puede documentar el caso y forzar al ayuntamiento a que haga el inventario. José Manuel Flores insiste en que no es tan fácil y que la gran mayoría de los ayuntamientos no cumplen con su deber en esta materia. Juan Vielva Juez, exdirector del Parque Natural de Peñalara, dice que hay confusión sobre lo que son caminos públicos, y que los ayuntamientos sí han hecho sus deberes y si no lo han hecho es porque no se les ha dotado de recursos ni de ayuda técnica.
Manuel Trujillo alude al problema de la masificación en los caminos, que ocasiona suciedad y vandalismo, y pregunta cómo se soluciona eso en Madrid. Noelia Pozas dice que también tienen ese problema. Ricardo Roquero dice que hay que dotarse de medios para afrontar eso; comenta el caso de un camino histórico en Torrelodones, documentado y usurpado, que tras hacer el correspondiente expediente se lleva a pleno y se soluciona; en Las Rozas requieren a un propietario para que retiren una valla de un camino, no lo hace, y el ayuntamiento no se atreve a ejecutar nada, en la siguiente corporación no muestran ningún interés en el asunto; es decir, todo depende de la sensibilidad de las autoridades. Claudio Sartorius dice que hay caminos que son también vías pecuarias y puede existir doble jurisdicción; y subraya la importancia de los técnicos medioambientales. Ana García dice que desde la desaparición de los técnicos de desarrollo local en los pueblos pequeños no tienen técnicos. Adolfo Rodríguez dice que a veces los ayuntamientos se escudan en la falta de recursos y medios, y no es cierto, y si lo es podrían pedir la colaboración de los vecinos, que lo que falta es voluntad de hacer cosas.
Mª Ángeles Delgado pregunta a la alcaldesa por la ausencia de inventario de caminos en Rascafría, le pide que se comprometa a hacerlo y le ofrece la colaboración de todos. La alcaldesa se compromete e invita a José Luis Soriano y otros voluntarios de la Sociedad Caminera a ir al ayuntamiento para iniciar esa tarea, porque presupuesto no tienen. Mª José Esteso dice que el inventario no se hace con trabajo voluntario sino con técnicos, y eso no descalabra ningún presupuesto. Patrick Philpott (A Desalambrar) insiste en la necesidad del inventario, pues si se hace una reclamación el juez lo primero que hará será pedir el inventario. Ricardo Roquero dice que la Sociedad Caminera ya está colaborando con ayuntamientos en la medida que los dejan, y que en caso de caminos que se cortan una rápida actuación municipal es clave y muy eficaz, pero que no siempre hay voluntad política para eso; también muestra su preocupación por el deterioro del medio natural, y menciona la plaga de las carreras ciclistas, que deben ser reguladas de forma estricta.
Mario Catalán (Sociedad Caminera) pregunta si en caso de permuta hay que reflejar claramente esa circunstancia para que el nuevo recorrido se siga considerando histórico, y si eso mismo se aplica a permutas que se hayan hecho hace tiempo, cuál es el itinerario que se considera histórico, el que lo era o el que se permutó en su día. Claudio Sartorius dice que la permuta solo puede hacerse por interés público, que se demuestra en un expediente que debe guardarse en el ayuntamiento. José Luis Soriano dice que en la Sierra de Guadarrama hay que vigilar mucho el uso de los caminos debido a la masificación, y que los inventarios deben hacerlos los profesionales, el voluntariado está para otras cosas, puede hacer un estudio de caminos, pero no el inventario. Manuel Trujillo dice que ya sea técnico o voluntario, el inventario debe hacerlo quien sepa, e insiste en que hay legislación que establece la protección de los caminos históricos. Claudio Sartorius dice que la competencia es irrenunciable y aunque un camino esté en un Parque Nacional el ayuntamiento sigue siendo competente. Ana García dice que ellos no han renunciado a competencias, pero que actúan donde pueden dados los medios de que disponen. José Manuel Flores dice que hay una ley para la protección de la propiedad privada y otra para la pública, y ambas están en conflicto; en Andalucía hay gran cantidad de caminos públicos cerrados ilegalmente y los defensores de los caminos no tenemos instrumentos para luchar contra eso; anuncia que la PICP elaborará un manifiesto para pedir a los responsables políticos a nivel estatal que cambien la legislación en esta materia.