La Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP) ha solicitado un encuentro al consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco y entiende que la actividad cinegética supone una amenaza para los usos complementarios en bienes de dominio público de Andalucía
La Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP) rechaza el anuncio del Gobierno andaluz publicado en ABC y otros medios de comunicación de la cesión de terrenos públicos a jóvenes para fomentar su caza, lo que supone priorizar ese uso frente al ciclismo y senderismo.
Por estos motivos la PICP ha dirigido un escrito a Ramón Fernández-Pacheco, consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul del Gobierno andaluz para pedir explicaciones por este anuncio.
La plataforma estatal, que aglutina a clubes deportivos, ciclistas, senderistas, federaciones, asociaciones y colectivos ecologistas, de patrimonio o de montañismo, ha manifestado que no ha sido informado con los agentes sociales relevantes en Andalucía por parte del departamento de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul.
La PICP recuerda que continuamente se producen problemas por la apropiación de los detentadores de las concesiones de caza en los montes públicos, en muchos casos impidiendo la práctica del deporte en estos espacios que, según la legislación, deben estar abiertos para el disfrute de la ciudadanía en general. En cambio, hay montes públicos en los que se dificulta o incluso se prohíbe el uso, o se pone en peligro la vida de las personas que están haciendo deporte.
USO PRIVATIVO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
Este agente social relevante en materia caminera denuncia también la falta de participación social en la gestión de estos bienes, así como de promoción del senderismo y ciclismo en estos montes públicos, ya que la mayoría no tienen senderos señalizados ni se fomenta su uso público, sino que la administración intenta disuadir su aprovechamiento, cuando no se prohíbe.
Las empresas o sociedades que actualmente cazan en estos montes pagan un canon, que el actual anuncio podría eliminar, perdiendo por tanto la Junta de Andalucía la oportunidad de obtener recursos. Por contra, el Gobierno andaluz pretende fomentar una actividad que, como reconocen los propios implicados en esta ocurrencia, cada vez tiene menos apoyo entre los andaluces, al contrario que los deportes de naturaleza.
Este anuncio llega mientras que la Junta de Andalucía continúa permitiendo que una mayoría de vías pecuarias estén cerradas al tránsito público por cotos de caza, incumpliendo la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, que en su artículo 21.2, apartado C, establece de forma específica entre las infracciones: «La instalación de obstáculos o la realización de cualquier tipo de acto que impida totalmente el tránsito de ganado o previsto para los demás usos compatibles o complementarios».