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La PICP propone que el Estado coordine y supervise los procesos de recuperación de trazados que discurran por más de una Comunidad Autónoma para garantizar la coherencia, continuidad y conectividad de la Red Nacional. Exige procedimientos exprés para recuperar de oficio trazados en un plazo máximo de 24 meses.

En el procedimiento de alegaciones al proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla la Red Nacional de Vías Pecuarias que impulsa el Ministerio de Transición Ecológica, la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP) que incluye a asociaciones, clubes deportivos y demás entidades para la defensa de las vías pecuarias a nivel estatal, pone énfasis en los usos complementarios ligados a estos bienes de dominio público como corredores para la biodiversidad y para la práctica deportiva, y demanda plazos para recuperar de oficio el patrimonio caminero que se encuentra usurpado. 

 El objetivo de las alegaciones al proyecto de Real Decreto que desarrolla la Red Nacional de Vías Pecuarias que propone el Gobierno de España es salvaguardar estos recursos públicos básicos para la ordenación del territorio, la preservación de la naturaleza y de la infraestructura auxiliar que atesora, la articulación entre Comunidades Autónomas, y el desarrollo sostenible de los municipios que conectan. El plazo de alegaciones culminó el pasado 22 de diciembre. 

Entre otras consideraciones, la PICP ha propuesto una modificación de la Ley 3/1995 a efectos de que la Red Nacional de Vías Pecuarias sea administrada, gestionada y coordinada por el Estado con el objetivo de garantizar la continuidad de los trazados que conectan las diferentes Comunidades Autónomas. Se evitaría así que en una Comunidad el trazado se encuentre en óptimo estado para uso ganadero y complementario y en otra la misma vía pecuaria se encuentre inaccesible por omisión de las obligaciones del Gobierno de otra Comunidad Autónoma.

COHERENCIA Y CONTINUIDAD DE LOS TRAZADOS

En la misma línea, la PICP ha alegado para que el Estado supervise las actuaciones en materia de vías pecuarias bajo las premisas de incidir en "la coherencia, continuidad y conectividad de la Red Nacional de Vías pecuarias" que discurran por más de una Comunidad Autónoma, y reclama mayor concreción en los procesos de deslinde y amojonamiento "que deberá estar hecho en un plazo máximo de 24 meses por un procedimiento especial exprés".

El inventario de estos bienes de dominio público ha motivado otra de las alegaciones de la Plataforma, que aboga por no restringir a las Comunidades Autónomas la inclusión de vías pecuarias en la Red Nacional, sino que de forma argumentada pueda la ciudadanía y el conjunto de agentes sociales solicitar de oficio la incorporación de estos trazados al inventario. Del mismo modo, se insta a que el informe preceptivo que se solicite a las Comunidades Autónomas sea preceptivo pero no vinculante.

En el apartado de organizaciones afectadas en relación a la Red Nacional de Vías Pecuarias, la alegación de la PICP pretende que entre ellas se cite a las de defensa del Medio Ambiente y las vías pecuarias en los procesos de escucha y audiencia. 

PLAZOS CONCRETOS EN LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN

Dentro del programa de acción, la Plataforma Ibérica ha alegado reclamando ambición al Gobierno de España para iniciar "dentro del primer año" los procedimientos de recuperación de oficio de todas las vías pecuarias incluidas en la Red Nacional que se encuentren ocupadas o usurpadas impidiendo el derecho de libre tránsito de la ciudadanía. 

Así, la PICP reclama "estudiar qué tramos necesitan una alternativa de trazado por ubicarse el trazado histórico ocupado por infraestructuras", y exige tomar en consideración un listado de indicadores para garantizar una evaluación continua de los procesos de clasificación, deslinde y recuperación de trazados de las vías pecuarias. 

Conscientes de la existencia de deslindes antiguos, la PICP ha solicitado que el articulado reconozca estos procedimientos dándoseles las coordenadas geográficas actuales, como se hace actualmente con los límites municipales donde se les da la geometría actual, reconociendo así la validez de los documentos antiguos e integrándolos de forma coherente con el resto de la información de la Red Nacional de Vías Pecuarias.

VÍAS PECUARIAS: CORREDORES ECOLÓGICOS DE LA BIODIVERSIDAD

La PICP ha recordado que la ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad es una norma básica que regula la conservación, el uso sostenible, la mejora y la restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad de España. 

Entre sus objetivos se encuentra el de establecer una Red Ecológica Europea de Áreas de Conservación de la Biodiversidad, denominada Red Natura 2000, que incluye las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Los corredores ecológicos son elementos de conexión entre los espacios naturales que facilitan el flujo genético, la dispersión y la migración de las especies silvestres, así como la conservación de los procesos ecológicos. La ley 42/2007 reconoce la importancia de los corredores ecológicos para la coherencia ecológica y funcional de la Red Natura 2000 y establece que las administraciones públicas deben identificarlos, protegerlos y restaurarlos.

Las vías pecuarias son rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero. La ley 42/2007 considera las vías pecuarias como elementos del patrimonio natural y de la diversidad cultural, que contribuyen al mantenimiento de la actividad ganadera extensiva y al desarrollo rural sostenible. Además, la ley reconoce el papel de las vías pecuarias como corredores ecológicos, ya que favorecen la conectividad entre los espacios naturales y la conservación de la biodiversidad.

Por tanto, la ley 42/2007 establece una relación entre los corredores ecológicos y las vías pecuarias, al considerar a estas últimas como parte integrante de los primeros y al otorgarles una función de conservación y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad. La ley también prevé la coordinación entre las administraciones competentes en materia de vías pecuarias y de espacios naturales protegidos, así como la participación de los agentes sociales implicados, para garantizar la compatibilidad entre el uso ganadero y la protección ambiental de las vías pecuarias.

De esta manera, desde la PICP se ha alegado para requerir que se priorice la conectividad entre los espacios integrados en Red Natura 2000 y que los mismos sean integrados en la Red Nacional de Vías Pecuarias garantizando de esta manera una especial atención a su estado de conservación, en línea con los principios de coherencia, y con especial énfasis a su función vertebradora del espacio público,  garantizando la ausencia de cortes e interrupciones en la misma.

ACTUALIZACIÓN Y VISORES DEL FONDO DOCUMENTAL

Respecto al Fondo Documental de Vías Pecuarias, la PICP ha alegado para que estos archivos documentales continúen actualizándose con las referencias de archivos municipales, históricos nacionales y cualquier otra fuente que pueda tener información sobre vías pecuarias, tomando en consideración que estos bienes de dominio público son una realidad actual y viva, imprescindible en la articulación del territorio. 

De igual modo, conforme al desarrollo legislativo en materia de información pública, la PICP alega para que se haga accesible por vía telemática a la ciudadanía la documentación relativa a las vías pecuarias, con visores en los que pueda accederse a los procesos de clasificación y deslinde, así como a las actuaciones que se llevan a cabo para revertir usurpaciones de trazados.

Por último, la PICP ha solicitado que las organizaciones que defienden la conservación del Medio Ambiente y las Vías Pecuarias formen parte del Comité de Vías Pecuarias integrando a sus representantes en este órgano.

Más de 110 grupos se han adherido un año más al Día de las Vías Pecuarias y los Caminos Públicos que en su IV edición tendrá lugar el domingo 17 de marzo de 2024. La iniciativa se lleva a cabo junto a Ecologistas en Acción y la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) contando con colectivos que realizan sus acciones en municipios y comunidades autónomas.