La Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos denuncia que varias comunidades autónomas ponen cada vez más dificultades para poder andar por la naturaleza
En estos momentos en que cada vez más la ciudadanía busca realizar las actividades en la naturaleza, con miles de personas haciendo senderismo, ciclismo y otras actividades para disfrutar del medio ambiente asistimos a una ofensiva de algunas comunidades autónomas, de la mano de grupos de presión como los dueños de fincas cinegéticas, para cerrar los caminos y de intereses urbanísticos o industriales para asfaltarlos, convertirlas en carreteras o eliminarlos ocupándolos por plantas solares.
En las XVI Jornadas en Defensa de los Caminos Públicos y la Vías Pecuarias, celebradas en Sigüenza (Guadalajara) la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos ha constatado que se están intentando aprobar distintas leyes por parte de algunas comunidades autónomas que buscan menoscabar la importancia de las vías pecuarias como espacios de uso para el disfrute de la naturaleza.
La Comunidad de Castilla-La Mancha, con la modificación de la Ley de Caza, da vía libre a la caza en caminos públicos y vías pecuarias, hecho que está prohibido desde la Ley de Caza de 1971. Esta modificación está cuestionada desde el Gobierno por su posible inconstitucionalidad.
Camino del Rey en Mazarambroz (Toledo)
La Comunidad de Madrid en su modificación de la Ley de Vías Pecuarias planifica el asfaltado de todas aquellas vías pecuarias que estimen conveniente, cambian estos caminos naturales por carreteras, además de permitir su uso para acometidas de servicios públicos sin trámites de audiencia.
La proliferación de plantas de energía solar también se convierte en otra forma de borrar los caminos públicos, utilizando concesiones por 35 años que impiden el paso por los caminos, sin dar alternativas.
Camino público cerrado en Talavera de la Reina
Esto se une a la falta de avances en cuanto al inventario y recuperación de caminos públicos, constatando en Guadalajara o Andalucía que la gran mayoría de los municipios desconoce cuales son sus caminos públicos, permitiendo que puedan ser cerrados. Se necesita en estos casos la intervención de Comunidades Autónomas, siguiendo los ejemplos de Extremadura y Baleares, promulgando leyes de caminos públicos, cuestión que se ha planteado en la Comunidad de Madrid siendo denegada por su Gobierno, y de las diputaciones, para que realicen los inventarios de vías pecuarias, ya que los pequeños ayuntamientos no tienen capacidad de hacerlo.
Destacamos aquí la ocupación, ya por 18 años, del antiguo pueblo de Villaescusa de Palositos (Cuenca) sin que ayuntamiento de Peralveche y la Junta de Castilla-la Mancha tome las medidas para impedirla.
Otras intervenciones ponen de manifiesto que, cuando ayuntamientos o ciudadanos toman la iniciativa y emprenden las medidas necesarias para proteger o abrir los caminos, sí se puede y se tiene éxito, como en Mochales (Guadalajara), o El Escorial (Madrid). Por desgracia cuando no hay voluntad o medios de los ayuntamientos esto es muy difícil.
Algunos de los asistentes a las XVI Jornadas en Defensa de los Caminos Públicos