El pasado 18 de octubre de 2025 los disparos de unos cazadores en el municipio de Tomelloso (Ciudad Real) alcanzaron a una atleta de maratón que entrenaba en una vía de dominio público.
La Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP) expresa su solidaridad con la persona afectada. Reclamamos con contundencia, a las administraciones públicas que atiendan a sus obligaciones legales. Las autoridades tienen la obligación de garantizar el derecho de libre tránsito de la ciudadanía, reconocido en la Constitución de 1978, y la seguridad de las personas usuarias en un viario público como los caminos y vías pecuarias que nos permite el uso y disfrute del Medio Ambiente y el ocio o deporte al aire libre.
Junto a clubes deportivos, federaciones de montaña y senderismo, asociaciones ecologistas y de conservación del medio natural, y demás organizaciones, la PICP viene exigiendo a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la necesidad de regular esta actividad cinegética que se encuentra fuera de control -a juicio de los disparos que alcanzan a personas cada vez de forma más habitual en la vía pública- para garantizar los usos públicos de los ciudadanos, sin verse afectados por la caza que practica una minoría.
Lo hemos hecho llegar en las alegaciones al nuevo Reglamento de Caza de Castilla La Mancha, que persiste en posibilitar la caza en vías y caminos de uso público, senderos de uso público señalizado, vías pecuarias, dominio público y servidumbre de paso de cursos fluviales. También en otras comunidades las leyes quedan supeditadas al lobby de la caza.
PROYECTILES Y SEGURIDAD SOBRE LA VÍA PÚBLICA
La ley de Caza de CLM señala que “con carácter general, se prohíbe el uso de cualquier tipo de arma dentro de las Zonas de Seguridad y a una distancia cuyos límites se determinará reglamentariamente, sin perjuicio de lo que establezcan otras disposiciones al respecto. Tampoco se podrá hacer uso de armas en dirección a las Zonas de Seguridad cuando las pueda alcanzar el proyectil”.
El proyecto de reglamento (al igual que lo hacía el declarado nulo) en el artículo 35, sólo establece una franja de 50 metros de dichas vías públicas y que cuando una persona cazadora se encuentre a menos de 50 metros de una persona ajena a una cacería, ha de descargar su arma de fuego. De tapadillo, el Gobierno manchego en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para 2024 incluyó “conceder a la persona titular del aprovechamiento cinegético ejercer el derecho de caza en las vías y caminos de uso público”, medida contestada por la sociedad civil y tumbada por Ecologistas en Acción.
La experiencia de las organizaciones que integran la PICP constata que son demasiadas las ocasiones en las que los lobbies ligados a la actividad cinegética (incompatible con otros usos y aprovechamientos debido a que amenaza la integridad y seguridad de las personas) obvian el cumplimiento de estas normas. Las consecuencias pueden ser fatales.
En todo caso, estas normas no sólo resultan insuficientes, en lo que se refiere a vías de dominio público como caminos públicos, senderos de uso público, vías pecuarias, vías de uso público y servidumbre de paso fluvial, sino que además su cumplimiento queda en cuestión si adolece de agentes que velen por la correcta aplicación de la normativa.
CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE
Con el propósito de prevenir estas situaciones de riesgo se hace necesario exigir que los planes de ordenación cinegética de cada coto, recojan y respeten el dominio público, y que exista un control efectivo. Lo que observamos: la administración cierra caminos y vías pecuarias -incluso en el monte público- para dar prioridad a la gestión cinegética sobre otros aprovechamientos.
En la PICP entendemos que es necesario ampliar estas zonas de seguridad y señalizarlas adecuadamente, además de conformar una nueva regulación sobre el uso de armas de fuego y medidas de control, como por ejemplo ante el consumo de alcohol y otras sustancias, que suelen alternarse en el transcurso de una jornada de actividad cinegética.
En el caso de Castilla La Mancha, no sólo no se ha limitado esta actividad en vías pecuarias y caminos públicos reconociendo las obligatorias zonas de seguridad, sino que se viene favoreciendo y permitiendo el llamado “derecho de caza” sobre este viario público. Además, la caza ha visto incrementado los períodos temporales habilitados progresivamente: hoy es posible cazar prácticamente todo el año para determinadas especies y en todo momento, por lo que se crean situaciones de riesgo nuevas y limitan gravemente los derechos del conjunto de la ciudadanía para realizar actividades por estas vías de dominio y uso público.
Queremos llamar la atención sobre las consecuencias negativas que la actividad de la caza causa sobre las personas. No sólo a nivel físico, sino también psicológico: sólo por la amenaza e intimidación que suponen los disparos con armas de fuego en las zonas próximas a las zonas de uso público.
En febrero de 2025 la titular del Juzgado nº 1 de Almadén (CLM) se dirigió a la Junta de Comunidades para reclamar un mayor control de la actividad cinegética, tras detectarse «demasiadas imprudencias» en los últimos meses en esta práctica.
GARANTIZAR DERECHOS DE LA CIUDADANÍA
Ante esta situación, la PICP reclama acciones concretas y medios para garantizar el derecho al uso público de estas vías y espacios para múltiples actividades socioeconómicas del mundo rural, deportivas, de paseo y del derecho a disfrutar del medio natural, de forma que la mayoría de la ciudadanía no vea amenazados o vulnerados sus derechos por la actividad de una élite que atenta contra la seguridad y salud tanto física como psicológica del resto.
A la amenaza de la actividad cinegética sobre el patrimonio caminero que articula y conecta el territorio y a los municipios del área rural se unen otros males que afectan a estos bienes como la usurpación, cierre y ocupación de los trazados para uso privativo de terceros. Las administraciones dejan en manos de la sociedad civil el pedido de recuperar estos bienes, sin actuar ante usurpadores.
En otros casos, las organizaciones que integran la PICP han observado cómo la acción de las administraciones autonómicas que tienen competencia en vías pecuarias pretende convertir los trazados en carreteras y caminos de uso exclusivo para fincas y cotos de caza. Vulneran así los aprovechamientos de estos bienes como corredores de la biodiversidad en unos ecosistemas cada vez más tensionados por macroplantas de fotovoltaica, molinos de generación de energía, y otras actividades económicas que impactan en la biodiversidad.