La Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP), compuesta por diversas organizaciones senderistas y ambientales, denuncia el cierre sistemático de caminos públicos en todo el Estado español. Queremos que toda la sociedad sea conocedora de esta realidad, que es una vulneración de la Constitución Española (Art. 45) La PICP se ha reunido en el municipio de Constantina (Sevilla) durante los días 1, 2 y 3 de noviembre, con motivo de sus VII jornadas anuales, donde se ha constatado el aumento del cierre de caminos públicos.
El pasado domingo 23 de junio, tal y como estaba previsto, se desarrolló la Manifestación para conseguir el Acceso Público a las Hoces del Cabriel. La Asociación para la Conservación de los Ecosistemas de la Manchuela (ACEM) convocó esta movilización bajo el lema «Sí al acceso público a las Hoces del Cabriel. No al coto de caza privado».
Ni el Gobierno de Castilla-La Mancha ni el Ayuntamiento de Minglanilla reaccionaron ante el cierre del camino público que une las aldeas de Mirasol y la Fonseca por la margen del río Cabriel, en plena Reserva de las Hoces del Cabriel.
La marcha –que comenzó a las diez de la mañana– fue seguida por alrededor de cien personas de todas las edades, discurrió con total tranquilidad y se vio favorecida por el buen tiempo.
Una vez llegados al Centro de Interpretación, los manifestantes observaron cómo el camino público de acceso a las hoces estaba cerrado por una gran valla metálica. En las inmediaciones de la valla estaban los guardas de la finca privada y miembros de la Guardia Civil, quienes impidieron el paso de los manifestantes. Igualmente, junto a la valla se encontraba el alcalde junto a algunos concejales del Ayuntamiento de Minglanilla. El alcalde confirmó la inexistencia del preceptivo permiso municipal de obras, por lo que el propio ayuntamiento había requerido a la propiedad de dicha finca la retirada de la valla.
Después de cierta discusión, los manifestantes acordaron denunciar los hechos ante la Guardia Civil de Minglanilla y, con posterioridad, hacerlo también ante el juzgado. Acordaron dar un plazo de seis meses a las administraciones competentes para restablecer el acceso público a las hoces y, pasado el mismo, volver de nuevo a realizar el trayecto completo –que había sido imposible de llevar a cabo por el cierre del camino